La maniobra impositiva ante ARCA para frenar la investigación patrimonial.
El jefe de Gabinete y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias de manera inminente, una jugada administrativa que busca activar un “tapón fiscal” justo cuando la Justicia federal acelera las pericias por presunto enriquecimiento ilícito.
El “tapón fiscal” como escudo administrativo
La maniobra central de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, consiste en su reciente inscripción ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) bajo el amparo de la Ley 27.799. Si bien el entorno del funcionario afirma que se trata de un simple trámite operativo para acelerar la liquidación del impuesto a las ganancias por parte del fisco, el verdadero beneficio técnico detrás de este movimiento es el denominado “tapón fiscal”. De ser aceptada la solicitud, este mecanismo legal bloquearía la potestad de ARCA para auditar y revisar las declaraciones juradas e inconsistencias patrimoniales de los períodos fiscales anteriores, específicamente los años 2022, 2023, 2024 y el año base 2025, blindando temporalmente su ecuación económica frente al organismo recaudador.
La justificación de los bienes
A pesar del movimiento ante ARCA, la situación en los tribunales federales de Retiro sigue su curso y expone una compleja ingeniería financiera. La Justicia investiga cómo el matrimonio logró adquirir y remodelar un semipiso en Caballito y una casa de country en Exaltación de la Cruz sin haber vendido sus bienes previos, además de afrontar gastos de viajes internacionales, una nueva camioneta y una deuda de USD 335.000 con acreedores. Desde el entorno de Adorni niegan un “blanqueo” de dólares y aseguran que el origen de los fondos se explicaría a través de la tenencia de criptomonedas. Sin embargo, los investigadores sospechan de la existencia de billeteras virtuales ocultas o no registradas a su nombre, por lo que el fiscal Gerardo Pollicita ya encomendó un estudio contable clave a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero para determinar la magnitud del presunto enriquecimiento ilícito.
La conexión con el vuelo privado
La presión judicial sobre el jefe de Gabinete no se limita únicamente a sus inmuebles y activos digitales, sino que se cruza con un expediente paralelo por presuntas dádivas y negociaciones incompatibles. El juez Ariel Lijo aguarda un informe pericial de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado que analizó los registros telefónicos del periodista Marcelo Grandio y de Horacio Silva, presidente de la productora ImHouse. Esta medida busca esclarecer la maniobra detrás de un viaje familiar a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval, cuyos pasajes en avión privado costaron USD 7.830 y fueron pagados inicialmente por dichos empresarios. Aunque el vocero argumentó públicamente haber devuelto el dinero de su parte, el dictamen final de la fiscalía dependerá de los comprobantes que presente y del resultado del peritaje contable que se entregará entre fines de este mes y principios de julio, antesala de una inminente citación a declaración indagatoria.
