Por qué el hachazo estatal en Mendoza es el único camino racional.
La disolución de cajas negras como el Fondo para la Transformación y la poda en los casinos demuestran que mantener quioscos políticos con la tuya ya no es una opción viable.
La media sanción del paquete de reformas estructurales en la Cámara de Diputados de Mendoza no es crueldad; es estricta higiene fiscal. En una Argentina que arrastra décadas de adicción al gasto público y donde la recaudación provincial no para de barranca abajo, la decisión del Ejecutivo mendocino de pasar la motosierra por organismos obsoletos es una bocanada de sentido común económico. Los sectores que hoy pegan el grito en el cielo son los mismos que pretenden que los contribuyentes sigan financiando estructuras que hace tiempo dejaron de cumplir su función original para convertirse en aguantaderos burocráticos.
El Fondo para la Transformación: un jubilado de lujo que ya no financiaba nada
El caso del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) es el ejemplo perfecto de manual. Concebido en otra época para apuntalar el desarrollo local, el organismo terminó devorado por su propia inercia y el agotamiento de los recursos extraordinarios que lo sostenían. Mantener abierta una estructura crediticia estatal sin fondos reales para prestar es un delirio místico que solo sirve para pagar sueldos de empleados públicos.
La sustitución del FTyC por la adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) marca un cambio de paradigma urgente: el Estado provincial deja de jugar a ser un banco ineficiente y pasa a facilitar que sea el sector privado, nacional y extranjero, el que arriesgue su capital a cambio de alivio fiscal. El desarrollo lo generan las empresas competitivas, no las ventanillas estatales de asistencia social corporativa.
Casinos estatales y deudas fantasmas: limpiar la resaca del pasado
El reordenamiento del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) y el cierre definitivo de las liquidaciones de los exbancos provinciales atacan directamente la ineficiencia operativa. Justificar la existencia de un casino estatal que pierde salas clave por siniestros y se resiste a la reconversión tecnológica es insostenible. El juego debe rationalizarse y dejar de ser una carga financiera encubierta.
Por otra parte, la decisión de limpiar las carteras de créditos con más de 30 años de antigüedad —deudas prescriptas e incobrables heredadas de las privatizaciones de los noventa— es una medida brillante de gestión legal. Mantener esas carpetas abiertas solo generaba costos administrativos estériles y el peligro latente de juicios contra la provincia por parte de abogados cazafantasmas. Cortar esa sangría de raíz es cuidar el bolsillo de los mendocinos.
Retiros al 120%: un ajuste con guante de seda
La narrativa opositora intentará instalar el relato del “despido masivo” y la desprotección laboral, pero la letra chica del proyecto desmiente cualquier intento de victimización. Ofrecer retiros voluntarios con indemnizaciones de hasta el 120% de lo de ley o la opción de reubicación consensuada en otras áreas del Estado no es un trato hostil; es una salida sumamente generosa en el contexto de crisis actual.
Lo que verdaderamente molesta a las corporaciones gremiales y a la vieja política es el fin de los privilegios automáticos: si un área se suprime por ser inútil, los adicionales salariales de esa función específica se caen. Se termina el cobrar por no hacer. Mendoza acaba de enviar un mensaje contundente al resto del país: cuando los recursos escasean, la prioridad absoluta la tiene el contribuyente que produce, no la burocracia que lo asfixia.
