El oficialismo enfrenta la resistencia de los gobernadores aliados, quienes dilatan la reforma del régimen de zonas frías para proteger a sus provincias del impacto tarifario en pleno invierno.

El gobierno nacional encabeza una compleja negociación en la Cámara Alta para destrabar la reforma del régimen de zonas frías con el objetivo de acelerar el recorte de subsidios y profundizar el ajuste fiscal. La iniciativa busca derogar la ampliación de los beneficios al gas residencial sancionada en el año 2021. A pesar de contar con la media sanción de la Cámara de Diputados, el proyecto se encuentra paralizado debido a la presión de los mandatarios provinciales. Los gobernadores exigen postergar el debate legislativo hasta la llegada de la primavera o modificar el texto original para evitar un severo costo social en sus respectivos territorios.

El origen del conflicto

La normativa vigente extendió el beneficio tarifario de forma universal a localidades de provincias como Buenos Aires, San Luis, Córdoba y Santa Fe. La Casa Rosada argumenta que esta expansión distorsionó las cuentas públicas al incluir regiones sin una rigurosidad climática justificada. La intención del Poder Ejecutivo es recuperar recursos presupuestarios de manera inmediata para afrontar obligaciones financieras apremiantes como el pago de la deuda pública. Sin embargo, el esquema propuesto por el oficialismo limita los descuentos automáticos estrictamente a la Patagonia, la Puna y Malargüe, derivando al resto de los usuarios residenciales a un sistema de subsidios focalizados por ingresos.

La contrapropuesta

Los senadores de la Unión Cívica Radical que responden al gobierno de Mendoza lideran la resistencia y rechazan la eliminación total del beneficio geográfico. Los legisladores aliados consideran que el sistema heredado es insostenible desde el punto de vista fiscal y centralista por beneficiar al Área Metropolitana de Buenos Aires. Como alternativa intermedia, proponen un esquema de subsidio inteligente basado en el trazado de isotermas, que son las líneas que unen los puntos con igual temperatura en un mapa. Los parlamentarios aseguran que al medir el consumo por temperaturas reales, provincias como Mendoza registrarían un clima similar al patagónico y conservarían la asistencia estatal.

Implicancias políticas

La discusión por las tarifas de gas expone la fragilidad de los acuerdos legislativos del oficialismo y su dependencia directa de los bloques dialoguistas. La resistencia de los mandatarios provinciales responde a una lógica de supervivencia política, ya que convalidar un fuerte aumento en las boletas durante los meses de mayor consumo invernal afectaría directamente su base electoral. A este escenario se suma la presión de los gobernadores del Norte, quienes exigen la creación de un régimen simétrico de zonas cálidas para el verano a cambio de sus votos en el recinto. El Ejecutivo se encuentra ante la encrucijada de aceptar modificaciones que debiliten el ahorro fiscal o arriesgar una derrota que postergue el ajuste de manera indefinida.