ENTRAMADO K
Una revelación inmobiliaria y empresarial volvió a colocar en el centro de la escena política el edificio de San José 1111, el inmueble donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple su condena bajo prisión domiciliaria. El senador nacional de La Cámpora, Mariano Recalde, figura como propietario de una de las unidades de dicha estructura, mientras que su hermano, el abogado Leandro Recalde, acaba de ser ratificado en los directorios de Hotesur y Los Sauces SA. Estas dos firmas clave del patrimonio de la familia Kirchner continúan bajo estricta investigación judicial por presunto lavado de activos a través de la obra pública colonial de la era patagónica.
La conexidad excede el plano vecinal. Mariano Recalde, quien adquirió el departamento 1° A en agosto de 2016 —años antes del arresto de la exmandataria en el 2° D—, fue el encargado de comandar Aerolíneas Argentinas durante el segundo mandato de Kirchner. Fue precisamente bajo su gestión estatal que la línea de bandera inyectó cerca de cinco millones de dólares al hotel Alto Calafate (propiedad de Hotesur) para el alojamiento de sus tripulaciones, una operación cuyos contratos originales nunca fueron remitidos de manera completa a las oficinas de los tribunales federales de Comodoro Py.
Los hermanos Recalde y las llaves de las sociedades
El despliegue societario de la familia Recalde en la estructura de los Kirchner se consolidó formalmente en el plano registral de la provincia de Santa Cruz. De acuerdo con las publicaciones del Boletín Oficial provincial del 11 y 26 de agosto, Leandro Recalde fue designado como director suplente tanto en Hotesur SA como en Los Sauces SA. En ambos directorios opera bajo la presidencia formal de Sebastián José Sánchez, un dirigente del riñón de Máximo Kirchner.
La estructura fijó además un domicilio legal cargado de simbolismo político: Mascariello 441, en la ciudad de Río Gallegos, la histórica residencia privada de Cristina Kirchner antes de su mudanza definitiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien las designaciones no conllevan una imputación penal directa contra los hermanos en las causas de lavado, la consolidación de Leandro al frente de las firmas ratifica el control absoluto que el entorno de máxima confianza política ejerce sobre el entramado económico familiar tras el levantamiento de las intervenciones judiciales.
El departamento bajo embargo y decomiso
El edificio de la calle San José posee una genealogía judicial propia. El departamento donde reside la exvicepresidenta no pertenece de forma directa a un particular, sino que es propiedad de la firma Los Sauces SA y se encuentra actualmente embargado, bajo un proceso inminente de decomiso definitivo dictado en el marco de la condena de la causa Vialidad.
La trama contrasta con otros movimientos detectados en el consorcio, como la reciente adquisición de una unidad por parte de la dirigente María Soledad Calle tras quedar firme el fallo de la Corte Suprema, una operación que la propia compradora justificó argumentando el futuro establecimiento de una fundación. En el caso de los Recalde, el mapa de relaciones es mucho más denso e histórico: cierra un círculo perfecto que conecta subsidios estatales del pasado, la administración de hoteles bajo la lupa de Lázaro Báez y Cristóbal López, y la convivencia física en el búnker donde la jefa política del espacio cumple su reclusión.
