La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha reafirmado su intención de continuar con el plan de repatriar inmigrantes desde Albania, a pesar de los obstáculos judiciales recientes. Este plan implica trasladar a migrantes interceptados en el Mediterráneo central a centros de detención gestionados por Italia en Albania, con el objetivo de acelerar su repatriación si sus solicitudes de asilo son rechazadas.
El proyecto ha enfrentado desafíos legales significativos. Los tribunales italianos han bloqueado las transferencias, argumentando que violan las leyes de la Unión Europea, especialmente en relación con la definición de «país seguro». Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE establece que un país debe ser seguro en todas sus partes y para todas las personas, lo que ha complicado la implementación del plan.
A pesar de estos contratiempos, Meloni ha expresado en el Parlamento italiano su determinación de seguir adelante con el protocolo Italia-Albania, asegurando que se llevará a cabo en pleno respeto de las leyes italianas y las normas europeas. Además, ha instado al Tribunal de Justicia de la UE a desestimar las objeciones al plan, advirtiendo que una decisión negativa podría poner en peligro las políticas de repatriación de todos los Estados miembros de la UE hasta que se implementen plenamente las nuevas normas de asilo en 2026.
Este enfoque ha suscitado interés en otros países europeos que buscan frenar la migración no autorizada, aunque también ha recibido críticas de organismos de derechos humanos y enfrenta desafíos financieros y legales. La Comisión Europea está evaluando el coste de establecer campos de deportación fuera de la UE, estimando que el modelo albanés podría costar alrededor de 85.600 euros por migrante, en comparación con los 35 euros diarios en centros de acogida italianos.
En resumen, a pesar de los obstáculos judiciales y las críticas, el gobierno de Giorgia Meloni mantiene su compromiso de avanzar con el plan de repatriación de inmigrantes desde Albania, buscando soluciones que se alineen con las normativas nacionales y europeas.