El juez Martínez de Giorgi dictaminó que los inversores damnificados no lograron demostrar un perjuicio directo, limitando su participación en el expediente que investiga la presunta estafa promocionada por el Poder Ejecutivo.

La investigación judicial en torno a la criptomoneda Libra sufrió un giro procedimental significativo que altera el equilibrio de fuerzas en el expediente. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió apartar a cinco inversores particulares que actuaban en el rol de querellantes en la causa. La medida responde de manera favorable a un planteo de falta de acción interpuesto por la defensa del lobista Mauricio Novelli, uno de los principales investigados en el proceso. Con esta resolución, los denunciantes pierden temporalmente la capacidad de proponer medidas de prueba y el acceso directo a las actuaciones judiciales, debilitando el impulso acusatorio privado sobre una causa de alta sensibilidad institucional.

Los argumentos técnicos sobre los activos digitales

La resolución del magistrado se fundamenta en la estricta exigencia procesal de acreditar un perjuicio directo y debidamente individualizado para ser admitido como parte querellante. El tribunal consideró insuficiente la documentación presentada por los damnificados para validar la titularidad de las billeteras virtuales y el origen lícito de los fondos destinados a adquirir el token. En su dictamen, la justicia remarcó que las pérdidas económicas en el ámbito de las llamadas memecoins no constituyen por sí solas un delito automático. El fallo subraya que estos activos operan en un entorno de regulación limitada y volatilidad extrema, donde el valor depende de la percepción del mercado y no necesariamente de una maniobra fraudulenta preestablecida.

El impacto político del desplome financiero

El caso reviste una enorme gravedad política debido a que el origen de la controversia se sitúa en la promoción pública que el presidente Javier Milei realizó del criptoactivo a través de sus canales oficiales. Dicha difusión generó una suba abrupta en la cotización del token, seguida de un desplome inmediato que pulverizó las inversiones de miles de usuarios minoristas, mientras las ganancias se concentraron en un grupo cerrado de cuentas operativas. La justicia intenta determinar si existió una maniobra coordinada entre los desarrolladores del software y los asesores locales vinculados al ecosistema oficialista para utilizar la centralidad presidencial como un mecanismo de manipulación de mercado.

El futuro de la investigación sin impulso privado

A pesar del desplazamiento de las querellas particulares, la causa Libra mantendrá su curso institucional bajo la dirección de la fiscalía federal de Eduardo Taiano. El ministerio público fiscal deberá asumir en forma exclusiva la carga de producir las pruebas necesarias para determinar las responsabilidades penales de los múltiples imputados del sector tecnológico y financiero implicados en el lanzamiento. La decisión del juez Martínez de Giorgi abre ahora un escenario de apelación ante la Cámara Federal, donde los abogados de los inversores desplazados intentarán revertir el fallo para recuperar el control del expediente y evitar que la causa penal dependa únicamente del criterio del fiscal del caso.