Por: Dr. Nicolás Fernández (ex Legislador Nacional por Santa Cruz).

Santa Cruz discute la posibilidad de un empréstito de hasta 600 millones de dólares y, como suele ocurrir, la conversación pública se ordenó más por afinidades políticas que por el contenido del proyecto. Vale la pena intentar otro camino: el de las preguntas concretas. Porque la discusión de fondo no es “deuda sí o deuda no”, sino para qué se toma, en qué condiciones, cómo se devuelve y quién controla su utilización.

Hay un punto de partida difícil de refutar. Santa Cruz enfrenta un problema estructural: un territorio inmenso, poblaciones distantes, un Estado que fue durante décadas el principal empleador y una economía privada demasiado pequeña para sostener los servicios que la población requiere.

Las demandas, además, crecieron de manera sostenida. El censo 2022 dejó un dato revelador: en ciudades como Caleta Olivia, los hogares aumentaron un 38 por ciento en doce años, un ritmo cinco veces superior al de la población. La infraestructura —agua, cloacas, gas, calles, escuelas, salud— se demanda por hogar y por barrio, no por habitante. Y buena parte de esa expansión urbana ocurrió sin la inversión correspondiente.

Al mismo tiempo, las fuentes tradicionales de ingresos se transformaron. YPF devolvió sus diez áreas convencionales tras ocho décadas en la provincia, con compensaciones y compromisos ambientales, pero confirmando el declino de los campos maduros y de las regalías. La ganadería atraviesa una crisis profunda, la pesca no recuperó sus mejores años y la minería, hoy sostén del empleo privado, explota recursos igualmente finitos. La obra pública nacional, por su parte, prácticamente desapareció.

Frente a ese cuadro, la provincia tiene dos opciones: administrar el deterioro o invertir para diversificar su economía. La segunda requiere recursos que las cuentas corrientes no ofrecen. Allí aparece el crédito público, que no es una mala palabra ni una solución mágica: es una herramienta que el mundo utiliza para financiar obras de largo plazo. La experiencia argentina justifica la desconfianza cuando la deuda se destina a gasto corriente; pero esa misma experiencia enseña que la deuda aplicada a activos productivos, con controles, puede ser el puente entre la provincia que fuimos y la que necesitamos ser.

La condición es un estándar exigente de información. Antes de decidir, la ciudadanía y la Legislatura deberían conocer el listado de obras con prioridades y plazos; la moneda, la tasa, el plazo y el período de gracia; el porcentaje de recursos provinciales comprometido en el servicio de la deuda y su sensibilidad ante una devaluación; el alcance real de las garantías sobre regalías y coparticipación; los mecanismos de licitación; las auditorías previstas; y la periodicidad de la rendición de cuentas. También el costo de la alternativa: cuánto pierde la provincia si esas inversiones no se hacen.

Cada poder del Estado tiene aquí un papel propio. Al Ejecutivo le corresponde proveer esa información con precisión y aceptar que el escrutinio no es una afrenta sino la condición de legitimidad del endeudamiento. A la Legislatura, ejercer el rol que la Constitución le asignó: la exigencia de dos tercios existe para que una decisión de esta magnitud sea una política de Estado y no de un gobierno, y ese umbral debería leerse como una invitación a mejorar el proyecto, incorporando condiciones, topes y controles. Y a quienes se oponen les cabe una responsabilidad equivalente: el rechazo es legítimo, pero la provincia necesita conocer también las alternativas, porque las demandas sociales no se suspenden mientras dura el desacuerdo.

Nada de esto se resuelve con consignas. Los santacruceños merecen saber qué se hará con cada dólar, cómo se devolverá y quién controlará. Si el proyecto resiste esas preguntas, merecerá acompañamiento; si no las resiste, deberá corregirse hasta que lo haga. Lo que la provincia no puede permitirse es la parálisis: quedarse entre la nostalgia de los recursos que ya no están y el temor a las herramientas que aún no aprendimos a usar.

Las decisiones que se tomen —o se posterguen— en los próximos meses acompañarán a Santa Cruz durante los próximos quince años. Esa sola razón justifica discutirlas con la seriedad que todavía les falta.