CAUSA VIALIDAD

La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sumó un nuevo documento ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas con el objetivo de impugnar la sentencia en su contra. Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego afirmaron que el hallazgo contradice los fundamentos de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua que la Corte Suprema dejó firme en junio de 2025.

Según explicaron los letrados, los registros provienen de una base de datos de la Dirección Nacional de Vialidad obtenida en agosto durante una audiencia de la causa Cuadernos. La documentación detalla el destino de un fideicomiso de transporte que movilizó alrededor de USD 2.000 millones, del cual las empresas de Lázaro Báez habrían recibido el 0,85%, una cifra que la defensa considera marginal frente al peso que el fallo judicial le asignó a dicho mecanismo.

Ofensiva en los tribunales locales e internacionales

Con este elemento, el equipo jurídico anticipó que interpondrá un recurso de revisión ante la Justicia argentina para suspender o dejar sin efecto la condena por administración fraudulenta. El propósito explícito de los representantes legales es lograr la libertad de la exmandataria y la restitución plena de sus derechos políticos para que pueda reanudar su actividad pública.

En paralelo, el dato fue incorporado a la demanda iniciada en julio ante la ONU por ocho presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre los reclamos principales se encuentran la vulneración del derecho a ser elegida, la falta de imparcialidad del tribunal y la aplicación duplicada de juzgamientos sobre obras que ya contaban con sobreseimientos previos.

Pedido de medidas cautelares y horizonte político

La presentación internacional incluye la solicitud de tres medidas cautelares urgentes. La defensa busca suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos, flexibilizar las condiciones de la prisión domiciliaria de la expresidenta mediante el retiro de la tobillera electrónica y objetar la actual composición de tres miembros de la Corte Suprema.

Respecto de los tiempos institucionales, el Comité de Derechos Humanos evaluará las medidas cautelares en sus próximas sesiones, programadas entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre. Aunque las resoluciones de fondo demandan habitualmente varios años, el entorno de la exjefa de Estado apuesta a un pronunciamiento rápido que habilite sus aspiraciones electorales de cara a los próximos turnos de votación.